Cuando una persona extranjera recibe una condena de prisión en España, en su entorno se escuchan dos frases opuestas sobre el mismo artículo del Código Penal. Unos temen que la "deporten" sin más. Otros preguntan si se puede pedir la expulsión para no pisar la cárcel. Las dos ideas tienen algo de verdad y las dos se quedan cortas.
En nuestro artículo sobre las vías para evitar la prisión con una condena menor de dos años mencionábamos esta figura de pasada. Aquí la analizamos con calma, porque en SIMÓ Abogados Penalistas vemos a menudo que se plantea tarde, cuando ya queda poco margen.
Qué dice el artículo 89 del Código Penal
La regla de partida es clara: las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero se sustituyen por su expulsión del territorio español. Desde la reforma de 2015 da igual que tenga o no residencia legal. Y el año se mide por la pena que fija la sentencia, no por la que prevé el delito en abstracto.
Frente a la suspensión de condena hay dos diferencias importantes. No hace falta ser delincuente primario. Y no es un beneficio que se pide y el juez concede: el Código la plantea como respuesta ordinaria, y lo que hay que acreditar son las excepciones.
Tampoco significa siempre cero días de cárcel. El juez puede ordenar que se cumplan hasta dos tercios de la pena antes de expulsar si lo considera necesario para la defensa del orden jurídico. En condenas de más de cinco años puede exigir el cumplimiento de toda o parte de la pena, y la expulsión llega al alcanzar esa parte, el tercer grado o la libertad condicional.
Cuándo la expulsión resulta desproporcionada
El artículo 89.4 del Código Penal descarta la sustitución cuando, a la vista del hecho y de la persona, la expulsión sea desproporcionada. La ley señala el arraigo en España como factor principal, y los tribunales suelen fijarse en esto:
- Los años que la persona lleva viviendo en España.
- La familia que tiene aquí, con especial peso de los hijos menores, la pareja o los familiares a su cargo.
- El trabajo o la formación que demuestren una vida hecha en España, y los vínculos reales (o su ausencia) con el país de origen.
El Tribunal Supremo ha insistido en que la persona debe ser oída antes de decidir, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige respetar la vida familiar. Por eso el arraigo no se presume: tiene que quedar acreditado con documentos dentro del propio procedimiento penal.
Ciudadanos de la Unión Europea: un listón más alto
A un ciudadano comunitario solo se le puede expulsar si representa una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, valorando la gravedad del delito, sus antecedentes y sus circunstancias. De ahí la importancia de saber si existen antecedentes penales cancelados o cancelables.
Si además lleva diez años residiendo en España, la expulsión solo cabe en dos supuestos: delitos graves contra la vida, la integridad física o la libertad sexual con riesgo fundado de reiteración, o delitos de terrorismo y los cometidos dentro de una organización criminal.
El plazo de prohibición y qué pasa si vuelves
La expulsión conlleva una prohibición de regresar a España de entre cinco y diez años, que el juez fija según la pena sustituida y las circunstancias personales.
Volver antes sale caro. Quien regresa dentro del plazo cumple la pena que se le había sustituido, aunque el juez puede reducirla de forma excepcional. Si se le sorprende en la frontera, se le expulsa directamente y el plazo vuelve a empezar desde cero.
Expulsión y extradición no son lo mismo
Las dos terminan con la persona fuera de España, pero funcionan al revés. En la expulsión es la justicia española la que, tras condenar, sustituye la pena por la salida del país. Nadie la reclama desde fuera.
En la extradición es otro Estado el que pide la entrega de una persona para juzgarla o para que cumpla allí su condena. La resuelve la Audiencia Nacional y dentro de la Unión Europea se tramita mediante la orden europea de detención y entrega, con garantías propias como la prescripción del delito según la ley española. Lo vemos con frecuencia en casos reales de extradición por narcotráfico desde España.
Por qué se decide antes de la sentencia
El juez debe pronunciarse sobre la sustitución en la propia sentencia siempre que sea posible, así que el arraigo tiene que estar probado antes. Si se pacta una conformidad, la expulsión puede formar parte de lo acordado, y conviene saber exactamente qué se firma.
Es una cuestión habitual en procedimientos por tráfico de drogas y en asuntos con dimensión internacional, donde muchas condenas superan el año. Eduardo Simó, al frente de SIMÓ Abogados Penalistas, lo resume así: ni la expulsión es inevitable ni conviene dejarla para cuando la sentencia ya está dictada.