¿Me pueden detener por una discusión de pareja?

Las discusiones de pareja forman parte de la convivencia. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que una discusión doméstica puede tener consecuencias penales inmediatas, incluso aunque no haya existido una agresión física. En SIMÓ Abogados, como despacho especializado en Derecho Penal, vemos a diario cómo situaciones aparentemente cotidianas acaban derivando en una detención, la adopción de medidas cautelares e incluso en un procedimiento judicial.

No es necesario que exista violencia física para que intervenga la policía. En muchos casos, basta con una llamada al 112, unos gritos escuchados por vecinos o un malentendido para que, en cuestión de minutos, una patrulla se persone en el domicilio y active el protocolo correspondiente.

¿Puede intervenir la policía por una simple discusión?

La respuesta es clara: sí. Y sucede con más frecuencia de lo que se piensa.

Cuando se recibe una llamada alertando de una discusión en el ámbito de la pareja, la policía está obligada a acudir. A partir de ese momento, son los agentes quienes valoran la situación, no las personas implicadas. Si aprecian indicios de violencia, intimidación, amenazas o riesgo para una de las partes, pueden actuar de inmediato.

Es importante tener en cuenta que, en estos casos, la actuación policial no depende de que ambos quieran “arreglarlo” en ese momento. El protocolo existe para prevenir situaciones de riesgo y proteger a posibles víctimas, incluso cuando estas no son plenamente conscientes del peligro.

¿En qué casos pueden detenerte?

Desde nuestra experiencia como despacho penalista, existen varios supuestos habituales en los que una discusión de pareja puede acabar en detención:

• Cuando uno de los miembros formula una denuncia, aunque sea verbal.
• Cuando existen signos visibles de violencia, como lesiones, golpes o el domicilio revuelto.
• Cuando los agentes aprecian riesgo objetivo, aunque no haya lesiones físicas.
• Cuando se producen amenazas, coacciones o un clima de intimidación.
• Cuando existen antecedentes o denuncias previas, aunque estén archivadas.

En estos casos, la detención puede producirse de forma inmediata, incluso aunque la discusión haya terminado o una de las partes manifieste que no quiere seguir adelante.

Esa valoración de los agentes no es discrecional, está reglada. El artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a la Policía judicial la obligación de detener a quien no esté procesado cuando concurren dos condiciones: que tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho con caracteres de delito, y que los tenga también para creer que esa persona participó en él. Nada más. Ni hace falta lesión, ni hace falta que la denuncia se mantenga.

“Quiero retirar la denuncia”: lo que debes saber

Una de las ideas más extendidas es pensar que basta con “retirar la denuncia” para que todo se detenga. Sin embargo, en el ámbito penal, y especialmente en los conflictos de pareja, esto no funciona así.

Una vez activado el procedimiento, el caso pasa a manos del juzgado y del Ministerio Fiscal. Aunque la persona denunciante cambie de opinión, el proceso puede continuar igualmente si existen indicios de delito.

La razón está en la ley, no en el criterio del juzgado de turno. El artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga al Ministerio Fiscal a ejercitar todas las acciones penales que considere procedentes, haya o no acusador particular. Y hay una segunda pieza que casi nadie tiene en cuenta: la dispensa de declarar del artículo 416, esa que permite a un cónyuge o pareja no declarar contra el otro, tiene cinco excepciones desde la reforma de 2021, y dos se dan a menudo en estos casos, cuando la persona ya se ha personado en el procedimiento como acusación particular y cuando ya aceptó declarar después de haber sido informada de que no tenía obligación de hacerlo. En ninguno de esos dos supuestos puede acogerse después a la dispensa.

Por eso insistimos siempre en la importancia de contar con asesoramiento legal desde el primer momento, incluso antes de prestar declaración.

Las consecuencias pueden ser serias y rápidas:

• Detención y paso a disposición judicial.
• Orden de alejamiento y prohibición de comunicación.
• Expulsión del domicilio familiar, aunque sea de tu propiedad.
• Juicio rápido, en determinados casos.
• Antecedentes penales, si hay condena.

Estas medidas pueden adoptarse en cuestión de horas, y su incumplimiento puede agravar aún más la situación.

Conviene poner nombre y plazos a esas medidas. La orden de protección la regula el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga al juez de guardia a celebrar una audiencia urgente en un máximo de setenta y dos horas desde la solicitud y le permite acordar de golpe medidas penales y civiles: alejamiento, prohibición de comunicación, atribución del uso de la vivienda familiar y suspensión del régimen de visitas. Y el incumplimiento no es una irregularidad menor: el artículo 468.2 del Código Penal castiga con prisión de seis meses a un año, en todo caso, el quebrantamiento de una medida cautelar de alejamiento cuando el ofendido es la pareja o expareja. Y ahí está el error que más veces hemos visto en despacho: que la propia persona protegida consienta el acercamiento, o incluso que sea ella quien llame, no borra el delito. El Tribunal Supremo lo tiene fijado desde un acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 2008 y lo repite cuando hace falta: el consentimiento de la víctima no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468.2 (STS 3507/2021, de 13 de septiembre, Sala de lo Penal, ponente Marchena Gómez, ECLI:ES:TS:2021:3507). Volver al domicilio porque os habéis reconciliado es un delito nuevo.

La importancia de la primera declaración

Uno de los errores más frecuentes es restar importancia a lo ocurrido y declarar sin asesoramiento, pensando que “se aclarará solo”. En Derecho Penal, la primera declaración es clave y puede condicionar todo el procedimiento.

Toda persona detenida tiene derecho a un abogado desde el primer momento. Ejercer ese derecho no es un obstáculo, sino una garantía esencial.

Ese derecho tiene un contenido concreto que conviene conocer antes de necesitarlo, y está en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El detenido puede guardar silencio, no contestar solo algunas de las preguntas, o manifestar que únicamente declarará ante el juez, que en la práctica es la decisión que más veces evita un problema. El abogado designado tiene que acudir en un máximo de tres horas desde que recibe el encargo, y puede entrevistarse reservadamente con el detenido incluso antes de que la policía le tome declaración. Esa entrevista previa es lo que se pierde quien declara pensando que se aclarará solo.

Discutir no es delito, pero puede acabar siéndolo

No todas las discusiones de pareja constituyen un delito. El Derecho Penal no sanciona los conflictos verbales por sí mismos. Sin embargo, cuando entran en juego amenazas, intimidación, control o miedo, la situación cambia radicalmente.

Muchas personas no son conscientes de dónde está la línea hasta que ya la han cruzado. Y cuando eso ocurre, el procedimiento penal avanza con rapidez.

La línea está escrita, y son tres artículos. El artículo 153.1 del Código Penal castiga con prisión de seis meses a un año, o trabajos en beneficio de la comunidad, causar un menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad, y también golpear o maltratar de obra sin causar lesión, cuando la ofendida es o ha sido pareja. El artículo 171.4 hace lo mismo con la amenaza leve y el artículo 172.2 con la coacción leve, con esas mismas penas. Los tres suben a la mitad superior si el hecho ocurre en presencia de menores o en el domicilio común, que es precisamente donde suceden las discusiones de pareja.

Qué hacer si te ves en esta situación

Si tras una discusión de pareja interviene la policía o existe riesgo de denuncia:

• No minimices la situación.
• No declares sin asesoramiento.
• Cumple estrictamente cualquier medida cautelar.
• Busca ayuda jurídica especializada cuanto antes.

En SIMÓ Abogados, analizamos cada caso de forma individual, con rigor y discreción.

Te pueden detener por una discusión de pareja, incluso sin agresión física. Y las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que imaginas. Actuar con rapidez y con una defensa penal especializada es clave para proteger tus derechos.

Si te encuentras en una situación similar o necesitas asesoramiento penal, contacta con nuestro despacho. En SIMÓ Abogados te acompañaremos desde el primer momento con profesionalidad y compromiso.