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Cuando una persona es detenida, una de las preguntas más comunes que se plantean tanto ella como sus familiares es: ¿cuándo podrá salir en libertad? La respuesta depende de varios factores, principalmente de las decisiones que adopten las autoridades policiales y judiciales durante el procedimiento.
Fases tras una detención
Una vez que la persona detenida ha prestado declaración en Comisaría o en el Cuartel de la Guardia Civil, pueden suceder dos cosas:
- Puesta en libertad desde Comisaría: La primera posibilidad es que las autoridades policiales acuerden la puesta en libertad inmediata del detenido tras tomarle declaración. En este caso, la persona podrá salir de las dependencias policiales al poco tiempo de haber declarado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no significa que el caso quede cerrado. Lo habitual es que el detenido sea citado posteriormente para declarar en el Juzgado, donde el procedimiento seguirá su curso.
- Puesta a disposición judicial: La segunda opción es que las autoridades decidan poner a la persona detenida a disposición judicial. Esto implica que el detenido debe ser trasladado al Juzgado, donde recibirá nuevamente la asistencia de su abogado o abogada. En el Juzgado, deberá prestar declaración ante el juez, quien evaluará los hechos y tomará una decisión sobre su situación legal.
Tras la declaración judicial, existen dos posibles desenlaces:
- Puesta en libertad: Lo habitual es que, salvo casos graves, el Juez ordene la libertad del detenido, aunque el procedimiento judicial continúe.
- Prisión provisional: En situaciones excepcionales, si el juez considera que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva, podría dictar la medida de prisión provisional a petición del Fiscal o a cualquier acusación personada.
Los tres riesgos que se acaban de mencionar están en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige además un requisito previo que casi nunca se cuenta: el hecho investigado tiene que estar castigado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, salvo que el investigado tenga antecedentes no cancelados por delito doloso. Por debajo de ese umbral no cabe prisión provisional aunque el juez aprecie riesgo de fuga, con excepciones tasadas, entre ellas cuando la medida busca proteger a la víctima en el ámbito familiar. Y hay una segunda garantía, en el artículo 505.4: el juez no puede acordarla por su cuenta. Si en la comparecencia ni el Ministerio Fiscal ni ninguna acusación la solicitan, la ley le obliga a acordar la inmediata puesta en libertad.
¿Cuánto tiempo puede estar una persona detenida?
La ley establece que el límite máximo de detención es de 72 horas. Esto significa que, desde el momento de la detención, las autoridades tienen un plazo máximo de tres días para poner a la persona en libertad o presentarla ante el Juzgado.
Conviene precisar esas 72 horas, porque se leen al revés muy a menudo. El artículo 17.2 de la Constitución no concede tres días de detención: dice que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y que en todo caso, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. El artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal repite esa regla con las mismas palabras y añade un detalle que en la práctica pesa: en el atestado tiene que constar el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición judicial o de la puesta en libertad. Las 72 horas son un techo, no un plazo que la policía tenga derecho a agotar.
¿Qué sucede con los tiempos de traslado?
En la práctica, cuando se decide poner a una persona a disposición judicial, es común que, si el mismo ha sido detenido al mediodía o ya por la tarde, pase al menos esa noche en el calabozo, ya que los traslados al Juzgado suelen realizarse por las mañanas.
Aunque la ley y la jurisprudencia exigen que los traslados se realicen lo antes posible, existen casos en los que los trámites pueden extenderse, lo que genera una espera prolongada.
Y cuando esa espera se alarga por encima de lo que la ley permite, hay un remedio con nombre propio. El artículo 17.4 de la Constitución ordena regular un procedimiento de habeas corpus, y lo desarrolla la Ley Orgánica 6/1984, cuyo artículo primero considera ilegalmente detenido, entre otros supuestos, a quien lo esté por plazo superior al señalado en las leyes sin haber sido puesto en libertad ni entregado al juez más próximo, y a quien no se le respeten los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. Se plantea ante el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona, y el artículo séptimo le da veinticuatro horas desde el auto de incoación para practicar las actuaciones y resolver.
La importancia de contar con un abogado penalista
Durante una detención, la asistencia de un abogado penalista experto es fundamental para garantizar que se respeten los derechos del detenido y para ofrecer una defensa efectiva desde el primer momento.
En SIMÓ Abogados, somos conscientes de la incertidumbre y preocupación que genera una detención. Por ello, nos ponemos a tu disposición para acompañarte durante todo el proceso, velando siempre por tus derechos y buscando la mejor solución posible.
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