Añádenos en Google
Hay algo que casi ninguna familia sabe hasta que le toca vivirlo: cuando alguien muere en un accidente de tráfico, la aseguradora suele moverse mucho más rápido que la propia familia. A veces llama a los pocos días. A veces incluso ofrece una cantidad "para no alargar el sufrimiento". Y esa rapidez casi nunca es casualidad.
En SIMÓ Abogados Penalistas, llevamos años observando el mismo patrón: familias que, en pleno duelo, firman documentos que no entienden del todo o aceptan una indemnización muy por debajo de lo que les correspondería. No por mala fe suya, sino porque nadie les explicó a tiempo cómo funciona realmente el proceso.
Lo primero: no firmar nada sin revisión legal
Cuando fallece una persona en un accidente de tráfico, la compañía de seguros del vehículo responsable tiene la obligación de hacer una oferta motivada de indemnización en un plazo determinado. El problema es que "motivada" no significa "justa". Es habitual que esa primera oferta parta de una lectura del accidente favorable a la aseguradora, minimizando factores que deberían jugar a favor de la familia.
El plazo tampoco es indefinido: el artículo 7 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor da a la aseguradora tres meses desde la reclamación para presentar oferta motivada, y le obliga a hacer constar que aceptar el pago no supone renunciar a reclamar después lo que en derecho corresponda. Conviene leer ese punto antes de firmar, porque no siempre se explica en la llamada.
Firmar esa oferta inicial suele cerrar la puerta a reclamar más adelante, aunque después aparezcan datos periciales que la contradigan. Por eso conviene revisar cualquier propuesta con un abogado antes de aceptar nada, algo que ya se explicó con detalle en este análisis sobre los errores más comunes al aceptar indemnizaciones de aseguradoras.
Cuánto se puede reclamar por la muerte de un familiar
La indemnización por fallecimiento en accidente de tráfico se calcula con el baremo de accidentes de circulación, pero el resultado varía muchísimo según cada caso concreto. Entran en juego, entre otros factores:
- El perjuicio personal básico, que depende del vínculo con el fallecido (cónyuge, hijos, padres, hermanos) y de si convivía con él.
- El perjuicio patrimonial, si la persona fallecida aportaba ingresos de los que dependía la familia.
- Los perjuicios particulares, como situaciones de especial vulnerabilidad de quienes reclaman.
Estos conceptos se suman, no se calculan por separado sin relación entre sí, y una mala aplicación del baremo puede dejar fuera partidas enteras a las que la familia tiene derecho. El propio artículo 62 de la ley reconoce cinco categorías autónomas de perjudicados en caso de muerte: cónyuge viudo, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados. Autónomas quiere decir que una no excluye a la otra. Esto se desarrolla con más detalle en la guía sobre cómo reclamar la máxima indemnización por fallecimiento.
Si el atestado habla de culpa compartida
Otro obstáculo frecuente: el atestado policial recoge que ambos conductores cometieron alguna infracción, y la aseguradora usa ese dato para reducir su responsabilidad a un porcentaje bajo. Esto no significa que la familia se quede sin nada, pero sí que hace falta pelear con datos técnicos, no con impresiones. Qué implica exactamente que exista concurrencia de culpas en un accidente mortal y cómo se reparte entonces la indemnización se explica con detalle en esta guía sobre accidente mortal con culpa compartida.
Cuándo el accidente puede acabar en juzgado penal
No todos los accidentes mortales tienen recorrido penal, pero algunos sí. Si en la conducción hubo una imprudencia grave (exceso de velocidad relevante, alcohol, distracción manifiesta), puede abrirse una investigación por homicidio imprudente, y ahí la familia puede personarse como acusación particular, algo que cambia por completo la estrategia y el acceso a la información del caso. Este cruce entre la vía civil y la penal está explicado con ejemplos en el análisis sobre cuándo un accidente de tráfico se convierte en homicidio imprudente.
La horquilla penal está en el artículo 142 del Código Penal: de uno a cuatro años de prisión por homicidio por imprudencia grave, más privación del permiso de conducir de uno a seis años. Y hay un matiz que suele decidir el caso: cuando la muerte se produce conduciendo con las tasas de alcohol o las velocidades del artículo 379, la ley reputa la imprudencia como grave en todo caso.
El plazo importa más de lo que parece
Reclamar tarde es uno de los errores que más se repite, casi siempre por desconocimiento y no por dejadez. Los plazos varían según si la vía es civil o penal, y dejar pasar el tiempo mientras se negocia informalmente con la aseguradora puede acabar cerrando opciones que antes estaban disponibles. Esto es algo que debería quedar claro desde el primer contacto con un abogado, no cuando ya ha pasado buena parte del plazo.
El plazo de referencia es de un año, tanto en la acción civil del artículo 1968.2 del Código Civil como en la acción directa contra la aseguradora. La reclamación extrajudicial lo interrumpe, y desde que la compañía notifica su oferta o su respuesta motivada empieza a correr un año nuevo, así que negociar por teléfono sin dejar rastro escrito es justo lo que no conviene hacer.
Por qué conviene actuar acompañado desde el principio
Un accidente mortal pone en marcha, a la vez, varios frentes: la aseguradora, los peritos, el juzgado si hay causa penal abierta, y en ocasiones más de un responsable si hubo culpa compartida. Tomar una decisión sin asesoramiento en las primeras semanas, como aceptar una oferta o firmar un documento que parece un simple trámite, puede condicionar el resultado final del caso.
SIMÓ Abogados Penalistas acompaña a familias en procesos de accidentes de tráfico con fallecidos desde el primer día, revisando el atestado, los informes periciales y la oferta de la aseguradora antes de que la familia firme nada. Con Eduardo Simó al frente, el despacho ha llevado casos de homicidio imprudente y accidentes con responsabilidad discutida en los que un análisis técnico a tiempo marcó la diferencia entre una indemnización insuficiente y una que realmente compensaba lo ocurrido.
