La ‘Operación Dbus’ y nuestra intervención como defensa

La prensa regional ha difundido en los últimos días una investigación policial desarrollada en Águilas y otras localidades del Levante que se saldó, el pasado mes de junio, con la detención de cinco personas por su presunta pertenencia a una red dedicada a suministrar combustible a embarcaciones que facilitarían la inmigración irregular.

Entre los arrestados figura un cliente de Simó Abogados cuya representación jurídica asume personalmente nuestro socio director, Eduardo Simó.

«El proceso se encuentra en una fase muy preliminar. Por respeto a la investigación y para garantizar la defensa de nuestro representado no haremos valoraciones de fondo», ha declarado Eduardo Simó a los medios.

Nuestro despacho recuerda que:

Toda persona investigada conserva íntegro su derecho a la presunción de inocencia (art. 24 CE).La instrucción tiene por objeto averiguar hechos, no confirmar culpabilidades anticipadas.

• La presunción de inocencia no es un formalismo: Derecho fundamental (art. 24 CE): Toda persona investigada conserva íntegras sus garantías procesales: a no declarar contra sí misma, a un proceso con todas las garantías y, sobre todo, a ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia firme que establezca lo contrario.
• La fase de instrucción busca hechos, no culpables: La finalidad de la instrucción es esclarecer lo sucedido. Ningún indicio aislado puede convertirse en prueba de cargo válida sin el necesario contraste en juicio oral, con contradicción y defensa.
• La prueba debe ser sólida y legalmente obtenida: El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo reiteran que no basta la mera sospecha: se requiere prueba directa o indiciaria seria, objetiva y concordante.

Una instrucción judicial es, por definición, una fase de investigación, no de enjuiciamiento. Ningún indicio por sí solo puede constituir prueba de cargo válida si no es contrastado con plenas garantías en un juicio oral. Las conclusiones periodísticas o las suposiciones no pueden suplir el debido proceso.

Seguiremos trabajando para demostrar que las suposiciones no pueden convertirse en condenas sin pruebas sólidas y legalmente obtenidas.

Nuestro equipo:

En Simó Abogados asumimos la defensa en procedimientos penales de alta complejidad con pleno respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales de nuestros clientes.

• Realiza un examen exhaustivo del atestado y de cada diligencia de investigación.
• Exige que toda prueba respete las garantías constitucionales.
• Impugna las actuaciones que puedan vulnerar la cadena de custodia o el derecho de defensa.
• Mantiene una comunicación constante y transparente con el cliente y su familia, protegiendo su privacidad.

Si necesita asesoramiento en procedimientos penales de especial complejidad, póngase en contacto con nosotros. Nuestro equipo está disponible para ofrecerle una defensa eficaz, discreta y personalizada.