Homicidio y legítima defensa: cuándo se admite

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EN ESPAÑA

Ser investigado por homicidio o asesinato es una de las situaciones más graves a las que puede enfrentarse una persona. El peso del resultado, una muerte, suele eclipsarlo todo. Sin embargo, el derecho penal no se limita a contar víctimas: analiza contextos, agresiones previas y decisiones tomadas en segundos.

El Código Penal español reconoce que no toda muerte causada por una acción defensiva constituye un delito. La legítima defensa puede excluir o atenuar la responsabilidad penal incluso cuando el desenlace es mortal. Pero hacerlo valer jurídicamente exige algo más que sentido común: exige una defensa penal especializada desde el primer momento.

En SIMÓ Abogados Penalistas defendemos procedimientos por homicidio y asesinato con un enfoque claro: determinar si la actuación estaba amparada por la legítima defensa y demostrarlo con rigor probatorio y jurídico.

Homicidio, asesinato y legítima defensa en derecho penal

El homicidio consiste en causar la muerte de otra persona. El asesinato incorpora circunstancias agravantes como alevosía, ensañamiento o precio. En ambos casos, el análisis penal no se agota en el resultado, sino que exige estudiar cómo, por qué y en qué condiciones se produjeron los hechos.

La legítima defensa puede convertir una conducta inicialmente calificada como homicidio en una actuación jurídicamente justificada. No es automática: los tribunales examinan cada detalle del contexto con especial severidad, precisamente porque el resultado es irreversible.

Para una visión general de esta materia y su tratamiento penal, puede consultarse: ¿Qué es la legítima defensa en Derecho Penal?

Qué es la legítima defensa y cuándo se admite en casos de homicidio

La legítima defensa es una causa de exención de responsabilidad penal prevista en el artículo 20.4 del Código Penal. Si se acredita correctamente, no hay delito, aunque el agresor haya fallecido.

La jurisprudencia exige el cumplimiento simultáneo de tres requisitos legales. En la práctica profesional, este es el punto donde se decide el futuro del procedimiento.

Requisitos legales para aplicar la legítima defensa

• Agresión ilegítima

Debe existir una agresión real, actual o inminente. No basta con una sospecha ni con un temor abstracto. La defensa debe acreditar que el peligro era concreto y grave.

El Tribunal Supremo ha reiterado que la agresión no necesita haberse consumado; basta con que sea inminente y objetivamente peligrosa.

• Necesidad racional del medio empleado

La reacción defensiva debe ser necesaria para repeler la agresión. En casos de homicidio, este requisito se analiza con especial intensidad.

Los tribunales valoran si, en ese instante concreto, existían alternativas reales de huida o contención, no desde la calma posterior, sino desde la urgencia del momento.

• Ausencia de provocación suficiente

Quien se defiende no puede haber generado de forma relevante la situación de riesgo. Este punto suele ser uno de los principales ejes de ataque de la acusación, por lo que requiere una estrategia probatoria sólida.

La clave está en el contexto, no solo en el resultado

Uno de los errores más comunes es analizar los hechos desde la tranquilidad posterior. La jurisprudencia penal exige valorar la situación desde la perspectiva de quien se defendió, en un contexto de tensión extrema y peligro inmediato.

En procedimientos reales por homicidio, los tribunales tienen en cuenta factores como:

• Intensidad y violencia de la agresión.
• Margen real de reacción en segundos.
• Estado emocional del defendido.
• Lugar de los hechos (domicilio, vía pública, espacio cerrado).
• Circunstancias personales y ambientales.

Casos como agresiones en el domicilio, robos violentos o ataques inesperados muestran que la reacción humana no siempre es proporcional en abstracto, pero sí puede ser comprensible y jurídicamente defendible. Un ejemplo paradigmático puede verse en el caso de Pepe Lomas, el jubilado que defendió su propiedad.

Legítima defensa incompleta en homicidios y asesinatos

Cuando no concurren todos los requisitos de forma plena, puede apreciarse una legítima defensa incompleta. Esto no elimina la responsabilidad penal, pero permite una reducción muy significativa de la pena.

Desde un punto de vista práctico, esta diferencia puede suponer pasar de penas de larga duración a condenas sustancialmente inferiores. Incluso cuando la exoneración total no es viable, una defensa penal bien planteada puede cambiar radicalmente el resultado del procedimiento.

Errores habituales en la defensa por homicidio y legítima defensa

En procedimientos por homicidio o asesinato, hay errores que condicionan todo el proceso:

• Declarar sin asesoramiento legal especializado.
• No contextualizar adecuadamente la agresión.
• Centrar la defensa solo en el resultado final.
• Confiar en que la legítima defensa "se entenderá sola".
• No preparar una estrategia probatoria desde el inicio.

Una actuación incorrecta en las primeras diligencias puede marcar negativamente todo el procedimiento, incluso cuando existen elementos claros de defensa.

Defensa penal en homicidios y delitos contra la vida

Los delitos contra la vida exigen una defensa penal altamente especializada. No basta con conocer la norma: es imprescindible entender cómo valoran los tribunales la prueba, la proporcionalidad y la credibilidad del investigado.

Eduardo Simó, CEO y Fundador de SIMÓ Abogados Penalistas, como abogado especializado en homicidios y asesinatos interviene personalmente en este tipo de procedimientos porque una estrategia incorrecta puede tener consecuencias irreversibles. 

Toda esta experiencia se concentra en nuestra especialidad específica: Abogados especialistas en homicidios y asesinatos.

la legítima defensa puede exonerar, pero debe demostrarse

El homicidio no siempre implica culpabilidad penal. La legítima defensa es una figura jurídica real y plenamente reconocida por nuestro ordenamiento, pero su aplicación exige prueba, estrategia y especialización.

Cuando están en juego la libertad y el futuro de una persona, contar con un abogado especializado en homicidio y legítima defensa no es una opción secundaria. Es una necesidad jurídica.