Abusos sexuales a menor en el Campo de Cartagena

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La Audiencia Provincial ha resuelto recientemente, mediante sentencia de conformidad, un procedimiento penal por abusos sexuales a una menor ocurrido en un municipio del Campo de Cartagena. El caso, que ha sido recogido por el diario La Verdad, ha tenido especial relevancia por la gravedad de los hechos y por la forma en la que se ha articulado su resolución judicial. En este procedimiento, el acusado ha sido defendido por Eduardo Simó, socio director de Simó Abogados, despacho especializado en Derecho Penal, alcanzándose un acuerdo que ha permitido una respuesta penal firme, con reconocimiento de los hechos, reparación del daño a la víctima y aplicación de las atenuantes legalmente previstas.

Qué es una sentencia de conformidad y por qué se utiliza

La sentencia de conformidad es una figura prevista en nuestro ordenamiento jurídico que permite poner fin a un procedimiento penal cuando el acusado acepta los hechos y la pena, siempre bajo el control del tribunal y con todas las garantías procesales.

Este mecanismo no supone impunidad ni una minimización del reproche penal. Al contrario, permite:

• Evitar la celebración de un juicio largo y especialmente duro para la víctima.
• Favorecer el reconocimiento de los hechos.
• Garantizar la reparación del daño causado.
• Aplicar penas proporcionadas conforme a la ley.

En delitos contra menores, esta vía cobra especial importancia, ya que evita una revictimización innecesaria derivada de la repetición del relato de los hechos en sede judicial.

La acusación inicial formulada por la Fiscalía

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se habrían producido de manera reiterada en un entorno de convivencia durante un periodo prolongado. La Fiscalía calificó inicialmente la conducta como un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años, solicitando una pena de seis años de prisión además de una larga prohibición de aproximación y comunicación, libertad vigilada durante diez años y una indemnización por los daños morales y psicológicos causados.

Este planteamiento inicial refleja la gravedad con la que el Código Penal sanciona este tipo de delitos y la elevada respuesta punitiva que pueden conllevar cuando no concurren circunstancias atenuantes.

El acuerdo alcanzado y las atenuantes aplicadas

Tras el correspondiente análisis jurídico del procedimiento y una negociación basada estrictamente en los criterios previstos en la ley, el caso se resolvió mediante un acuerdo de conformidad.

El acusado aceptó una pena de:

• Dos años de prisión.
• Inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
• Cinco años de prohibición de aproximación y comunicación con la menor.
• Cinco años de libertad vigilada.

Además, el acuerdo incluyó el pago íntegro de una indemnización de 12.000 euros a la víctima, que fue abonada antes de dictarse sentencia. Este pago permitió la aplicación de la atenuante de reparación del daño, prevista en el Código Penal.

Junto a esta, se aplicó también la atenuante de dilaciones indebidas, derivada del tiempo de tramitación del procedimiento. La concurrencia de ambas atenuantes tuvo un impacto directo en la reducción de la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía.

La suspensión de la pena de prisión

Como consecuencia de la pena finalmente impuesta y de la aplicación de las atenuantes, el tribunal acordó la suspensión de la pena de prisión, una posibilidad prevista legalmente para determinados supuestos.

Esta suspensión quedó condicionada a:

• No cometer nuevos delitos durante un plazo de cinco años.
• Cumplir 120 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.
• Respetar estrictamente las medidas de alejamiento y control impuestas.

Conviene subrayar que la suspensión no elimina la condena ni el reproche penal, sino que es una medida legal sometida a condiciones estrictas y bajo control judicial.

El papel de la defensa penal en procedimientos sensibles

En procedimientos de esta naturaleza, la defensa penal no consiste en justificar los hechos ni en restarles gravedad, sino en garantizar que la respuesta penal se ajuste estrictamente a Derecho, aplicando correctamente las figuras jurídicas previstas en la ley.

La intervención de Eduardo Simó, se centró en:

• Analizar con rigor la calificación jurídica de los hechos.
• Valorar la concurrencia de atenuantes legalmente aplicables.
• Favorecer una resolución que evitara un juicio innecesariamente traumático.
• Asegurar una pena proporcional y conforme al marco legal.
• La defensa penal responsable es una pieza esencial del Estado de Derecho, incluso en los casos más difíciles y delicados.

Una resolución firme y garantista

La sentencia dictada pone fin al procedimiento con una resolución firme, ejecutable y jurídicamente sólida. Se ha producido:

• Reconocimiento de los hechos por parte del acusado.
• Reparación económica del daño causado a la víctima.
• Imposición de medidas de alejamiento, control y vigilancia.
• Aplicación proporcionada de la pena conforme a la ley.

Todo ello bajo la supervisión del tribunal y con pleno respeto a las garantías procesales.

Los delitos contra menores reciben una respuesta especialmente severa por parte de nuestro ordenamiento jurídico, y así debe ser. Al mismo tiempo, el Derecho Penal exige rigor técnico, proporcionalidad y respeto absoluto a las garantías legales en todas las fases del procedimiento.

Este caso, que ha sido objeto de atención mediática en La Verdad, demuestra la importancia de una defensa penal especializada, capaz de gestionar procedimientos complejos con técnica jurídica, responsabilidad y sensibilidad, asegurando una resolución ajustada a Derecho y evitando daños añadidos innecesarios.

En Simó Abogados, como despacho especializado en Derecho Penal, defendemos a nuestros clientes con rigor, experiencia y compromiso. Si te enfrentas a un procedimiento penal o necesitas asesoramiento jurídico especializado, contacta con nuestro despacho. Nuestro equipo te acompañará desde el primer momento con profesionalidad y respeto a tus derechos.